El equipo de auditores de la Contraloría con directivos de la Facultad de Filosofía-UNE.
María Asunción Cáceres, supervisora e integrante del equipo de auditores de la Contraloría General de la República, explicó a nuestro medio que la verificación en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este “no es a raíz de una denuncia, ni es una intervención, sino una auditoría de rutina”. Con dicha aseveración , despejan dudas respecto a la presencia de auditores desde el lunes 14 hasta el viernes 18 de octubre, en la mencionada unidad académica.
Al ser consultada por el cronista Willians Benítez del equipo de Comunicatube, dijo que no están autorizados a brindar entrevistas ante cámara ni micrófono, pero explicó que los estudiantes pueden estar tranquilos, ya que no se trata de una intervención, ni existen denuncias de irregularidades.
Señaló que la acción, está enmarcada en el artículo 1, numeral 33 de la Resolución 592/2024, que aprueba el Plan General de Auditoría para el ejercicio fiscal 2025, y que los estudiantes pueden corroborar en la página de CGR en www.contraloria.gov.py.
El objetivo de estas auditorías es asegurar la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos en las instituciones educativas, tal como lo estipula la legislación vigente. Este tipo de control es parte del esfuerzo del Estado por promover una gestión administrativa y financiera responsable en las universidades públicas, realizándose de manera periódica en diversas instituciones de educación superior en todo el país.
En años anteriores, auditorías similares permitieron identificar áreas de mejora en la administración de los fondos públicos, fomentando una cultura de rendición de cuentas y optimización de recursos. Estas evaluaciones son clave para garantizar que las universidades cumplan con las normativas y gestionen de manera eficiente los recursos destinados a la educación pública.
Conforme a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, la institución tiene el mandato de auditar a todas las entidades que administran fondos públicos, incluyendo las universidades, como parte de su compromiso con la transparencia y el buen uso de los recursos destinados a mejorar el sistema educativo del país.
